Mientras las materias Constitucionales han impactado en el desarrollo institucional del país, el liderazgo de la Corte en asuntos de legalidad, ha permitido transformar el día a día de los ciudadanos. Por ello, no debe renunciarse a este papel trascendental, sino fortalecerse.

Este diagnóstico es coincidente en diversos sectores de la sociedad y se demuestra con la existencia de 99 iniciativas que abordan distintas preocupaciones y puntos de vista, y que pretenden reformar al ámbito judicial, desde una gran amplitud temática, ideológica y jurídica.

En Coparmex reconocemos que es momento de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación y por ello celebramos la iniciativa del Senador Ricardo Monreal del Grupo Parlamentario de Morena, para iniciar una gran discusión en la materia, donde se analicen todas estas posturas y se escuchen las voces de los tres Poderes de la Unión, pero también de los sectores relevantes, como la abogacía, la academia y la sociedad civil.

Con la presencia de los Ministros de la Suprema Corte, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Magistrados del Tribunal Electoral, el Consejero Jurídico de la Presidencia, el Fiscal General de la República y Legisladores Federales, la semana pasada se dio banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial”.

Por sí solo, este ejercicio de diálogo es ya relevante. Sin embargo, la seriedad en sus participantes y la inclusión de las distintas voces representativas de la academia, la sociedad civil y la empresarialidad, será la clave para definir una reforma profundamente modernizadora. La audiencia de esos actores, puede conducir a una reforma gravemente perjudicial para la eficiencia y autonomía del Poder Judicial.

En Coparmex, apostamos a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los añejos –pero actuales– desafíos que tiene esta esfera del quehacer público, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

De no atender estas materias, la Reforma podría llevarnos a un debilitamiento institucional en el Poder Judicial. La existencia de mecanismos o la falta de ellos –que permitan un sometimiento de las decisiones judiciales a los intereses de los demás poderes, en especial al Ejecutivo– es el mayor riesgo que tiene la impartición de justicia en México.

Cualquier mecanismo que promueva la politización de la Suprema Corte de Justicia implicaría un desmantelamiento de su independencia y autonomía. Un ejemplo de ello, pudiera ser la idea de reducir la duración en el cargo de los Ministros, trasladándole al Senado la facultad para hacerse cargo de su ratificación para un segundo periodo.

Con ello, se estaría abriendo la posibilidad de incurrir en un conflicto de intereses por parte de la Cámara de Senadores, ya que, en la mayoría de las cuestiones constitucionales, sería la parte demandada y juzgada por los propios Ministros de la Corte, a los cuales tendría que ratificar en su cargo. Peor aún, si la reducción en el periodo pasara de 15 a 6 años, pudiendo coincidir con la duración en el cargo de los legisladores.

Otro grave riesgo, sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial. La apertura, sin duda, es un buen camino para transparentar y fortalecer el ejercicio del Poder Judicial; pero cuidando de nunca debilitar la preparación técnica especializada en la impartición de justicia.

Por ello, en Coparmex, como lo hemos hecho a lo largo de 90 años de historia –en los que hemos participado en los grandes cambios de la vida institucional de México–, vamos a pugnar por una transformación judicial profunda, que atienda sus principales desafíos y que evite, a toda costa, sus riesgos.

Los mexicanos tenemos de frente la gran oportunidad de redefinir al Poder Judicial y, con ello, transformar verdaderamente a México para los siguientes años y décadas.

A partir de una reflexión profunda, donde se tomen en cuenta las preocupaciones de todos los sectores, podemos avanzar en temas fundamentales como:

  • Procurar el principio de inamovilidad judicial. El plazo actual de duración de los Ministros es de quince años; una medida razonable que resultó de la Reforma Judicial de 1994 para eliminar la designación vitalicia de Ministros.
  • Reducir el plazo a seis años, atentaría contra este principio de inamovilidad, poniendo en serio riesgo a un pilar de nuestra función judicial.
  • Fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, con integrantes apartidistas, provenientes de la academia y de las barras de abogados, para que sea un órgano eficiente de administración, pero sin intervenir en las funciones jurisdiccionales de jueces, magistrados y ministros.
  • En este propósito, aumentar el número de Consejeros resulta innecesario y oneroso, contrario a las políticas de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos.
  • Revisar y mejorar los procesos de selección de ministros, magistrados y jueces, para asegurar que los profesionales más capacitados sean los que decidan la materia judicial.

Es un buen momento para explorar otros métodos donde se escuche la voz experta de la academia, la abogacía y la sociedad civil. Igualmente, debe prescindirse de Ministros que tengan un perfil político o que hayan participado –en los últimos años– en actividades con afiliación partidista.

  • Fortalecer los mecanismos de Control Constitucional, tales como las Acciones de Inconstitucionalidad, las Controversias Constitucionales, el Juicio de Amparo e incluso las acciones colectivas. Pequeños ajustes en la Ley pueden lograr un gran impacto en la vida institucional del país.
  • Modernizar los mecanismos presupuestales asignados al Poder Judicial, sobre todo, en el ámbito local. Porque al fortalecer los tribunales en todos sus niveles, fortalecemos la impartición de justicia en el país.
  • Combatir las prácticas de corrupción e impunidad al interior de su personal, con nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Pero también con respeto a los derechos de los funcionarios y empleados de carrera.
  • Promover nuevos mecanismos de fortalecimiento a la carrera judicial, para que los mejores especialistas accedan a los distintos cargos por mérito y avanzar, con ello, en la erradicación de la lamentable práctica del nepotismo.
  • Revisar las facultades disciplinarias al interior del Poder Judicial, para volver más eficientes los castigos y sanciones a los jueces que cometan actos indebidos.
  • En contraparte, profundizar en una regulación integral al gremio de abogados, que permita fortalecer su ética y profesionalismo en el ejercicio de sus tareas.
  • Promover nuevos sistemas alternativos de solución de controversias, para fomentar la mediación y desahogar la saturación en los tribunales. De impulsarse, se requerirá –paralelamente– del involucramiento por parte de las 1,900 universidades que imparten la carrera, para enseñar a los abogados nuevas herramientas de medicación y no solamente de litigio.

La modernización del Poder Judicial de la Federación permitirá renovar al sistema de justicia, hoy en día quebrado, llevando la protección de la Ley a más sectores de la población.

Hoy existe la coyuntura y las condiciones idóneas para reformar al Poder Judicial, sobre todo, ante las alarmantes cifras de violencia y delincuencia que han crecido en los últimos lustros. Ése es el mejor indicador para transformar lo que hoy no funciona, manteniendo las capacidades y las estructuras que sí sirven.

En Coparmex hacemos un llamado a los Poderes de la Unión y a los sectores de la sociedad que quieran participar en este trascendental ejercicio de reflexión profunda. Como organismo de representación empresarial, estamos listos para sumarnos a este gran diálogo nacional que nos permita hacer realidad una Reforma de Estado en materia de justicia. En nuestras manos está, hacer de México un país más justo, más incluyente y más próspero.

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